El PP exige al Gobierno de España que no retire el recurso ante la Ley vasca que ofende y humilla a las víctimas de ETA

Lapazarán ha destacado que en su sentencia el TC anuló en su mayor parte la Ley navarra porque suponía “una clara vulneración de preceptos constitucionales, entre otros,  porque asumía la posibilidad de valoración de delitos penados en el Código Penal que solo competen su investigación y valoración a jueces y fiscales”.

El senador popular ha explicado que, a pesar de que el Constitucional anuló en su mayor parte la Ley foral, el Gobierno pide la retirada del recurso presentado ante el mismo TC de una Ley similar aprobada por el Parlamento vasco, que era gemela a la navarra y que el propio Tribunal Constitucional tenía suspendida la vigencia en varios de sus artículos y disposiciones adicionales y que además fue impulsada y aprobada por los mismos partidos políticos del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca.

 El senador navarro ha pedido a la ministra que aclare si la retirada del recurso ante el TC supone “un pago político, un pacto vergonzante con aquellos partidos políticos independentistas como Bildu y otros que pretenden romper España pero que les mantienen en el gobierno sin importarles sus consecuencias”.

LAPAZARÁN: PRETENDEN BLANQUEAR LA ACCIÓN DE ETA

En su intervención, el senador popular ha señalado que, además de generar malestar en los funcionarios públicos y en especial en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo más preocupante es, que con estas leyes, “pretenden blanquear la acción terrorista de ETA”. “Lo que hacen con la retirada del recurso es no defender ni a las instituciones del Estado ni sus competencias y se apuntan a lo que pretende el independentismo que es reescribir con mentiras la historia del terrorismo de ETA, ofendiendo y humillando a las víctimas y a una parte muy importante de la sociedad española que clamaba contra esta organización terrorista”, ha manifestado.

Lapazarán ha pedido al Gobierno que rectifique y mantenga el recurso presentado y que sea el TC el que juzgue y no el propio Gobierno. “No es de recibo que con estas leyes se pretenda sustituir a los tribunales de Justicia, creando comisiones para juzgar la verdad que los tribunales españoles, al parecer, no han sabido juzgar”.